Resumen ejecutivo: ¿Hacia la construcción de un nuevo pacto social en tiempos de transición?



“La crisis política” ha sido una denominación consecutiva e insistente de nuestra realidad política ya hace más de un siglo. Una de las expresiones sociales más recurrentes ante las crisis políticas ha sido la violencia. La ausencia de representación en los organismos democráticos; el avance institucional de políticas que desintegran el agro, la salud, la educación, el medio ambiente; la impunidad; la corrupción; el enfrentamiento entre los poderes públicos; el paramilitarismo y el narcotráfico al interior del congreso de la república; el conflicto interno armado; entre otros complejos fenómenos políticos, dejan hondas heridas en la construcción de nuestra organización política que se han manifestado de facto como multifacéticas expresiones de violencia social, cultural, étnica y política. ¡Nuestra historia lo dice a gritos! Ya hemos pasado por aquí…

Nuestra “crisis política” manifiesta una incongruencia fáctica entre realidad e institucionalidad, la incongruencia existente entre un poder constituido (jurídico-político) y un poder constituyente (social y político, de sus eticidades y sujetos colectivos) que no logra armonizarse. (Mejía Quintana, 2006).

Un consenso real debe partir de una concepción política de la persona (no antropológica, filosófica, ni metafísica) y entiende la sociedad como un sistema de cooperación, no es un sistema en donde se imponen las decisiones “individualistas” a la fuerza. Este consenso sólo se hace posible a través de un “pluralismo razonable” que conduce a una democracia constitucional deliberativa o consensual, el tipo de democracia que desearíamos realizar. 


Este pluralismo razonable incluye entonces un interés superior, los representantes de comunidades son personas morales, no representantes individuales,  sino representantes de diversas visiones omnicomprensivas, es decir, comunidades cuyo propósito es defender y realizar su concepción de bien o de vida buena.



El Pluralismo razonable es lo único que hoy  se impone en sociedades liberales políticas complejas, es decir, sociedades liberales políticas consensuales o deliberativas; por tanto, propicia la construcción política desde las perspectivas de varias minorías, que van a manejar la sociedad consensualmente, no por imposición de minorías de los votos. Así entonces, la falta de legitimidad de la que habla Mejía Quintana tiene que ver con la ausencia de participación por omisión, de algunos sectores sociales interesados igualmente en la conformación de un nuevo orden político.

Vale la pena entonces, cuestionarnos acerca de nuestras expectativas y compromisos con esta democracia en construcción y con la institucionalidad que la sostiene. Vale la pena también reflexionar acerca de replantear las bases de nuestro sistema político para salir del estado de incongruencia, de crisis, de violencia, y poder llegar a lo que significa y representa una institucionalidad democrática con sentido.

Cuando reflexionamos acerca de nuestro ordenamiento político, y cuando comprendemos más a fondo que de él depende nuestra permanencia como Estado, que a su vez, integra una cultura específica con la cual nos identificamos y desde la cual podemos actuar como ciudadanos libres, pues resulta obvio entonces, trabajar para construirla y fortalecerla, que paliarla para hacerla caer o permanecer en crisis y correr el riesgo de desmoronamiento.

Continuamente, los ciudadanos colombianos nos quejamos de todas las desgracias nacionales y sentimos inexorablemente que el Estado es un ente ajeno a todas las peripecias que podamos atravesar en un momento dado. No obstante, ¿el Estado mismo no es aquél que nos faculta con frecuencia para modificar democrática y participativamente nuestra realidad?; sencillamente, sí; pero irónicamente sus brazos son débiles, puesto que es él quien en muchas ocasiones clama por nosotros para que lo dinamicemos haciendo uso de todas las fórmulas constitucionales, legales y filosóficas que no fueron creadas como capricho del legislador, sino como respuesta a las múltiples exigencias sociales que giran en torno a la paz y a la construcción de un tejido social armónico y coherente.

El cese definitivo de la violencia es el paso inicial, básico, para poder llegar a un consenso real, es decir, que la condición por excelencia, necesaria y suficiente para poder hablar de consenso, es la paz.  Y a partir de ella, entonces, conversar, debatir, consensuar. Es por esta razón que nuestra situación histórica nos presenta un momento coyuntural sin precedentes, en el que podemos atisbar la base mínima para llegar a un consenso real y legítimo que incluya todos o la mayoría de los sujetos colectivos que hacen parte de este proyecto nacional.



El proceso de paz con dos años de desarrollo y a punto de entrar en su fase conclusiva, nos justifica para cuestionarnos sobre un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo no significa sólo que estaremos en paz, sin más… implica cambios sustanciales, políticos, económicos y culturales necesarios para salir del estado de incoherencia entre realidad social e institucionalidad.

La reflexión y el debate en este conversatorio sobre la posibilidad de rediseñar consensualmente la estructura política básica constitucional y legal de esta nación adolorida y resquebrajada por el autoritarismo y la violencia, tiene justamente como finalidad enriquecer el debate y propiciar posiciones críticas que promuevan actitudes deliberativas en torno a la posibilidad de un fenómeno político sin precedentes, que represente verdaderamente el sentir de una nación de salir adelante, auto organizarse y permanecer. 



Para esto, la universidad es tanto espacio deliberativo, como instrumento para el desarrollo de la opinión pública y generación de posturas ciudadanas y de la sociedad civil.


Lo ético, lo justo y lo apremiante, son exigencias que recaen sobre todo comportamiento ciudadano y se imponen frente a toda alteración social, incentivando a todas las personas a entender que son multiplicadores de procesos de un  cambio que  se debe asumir de manera responsable, y cuyo deber no es ajeno a ningún ciudadano colombiano, cualquiera que fuere su rol en la sociedad.  


Queda abierto el debate.



Luz Orali Pinzón Zapata
Manuel Alejandro Yepes Solano
Investigadores grupo de Derecho Público
Universidad La Gran Colombia Armenia

Mejía; Quintana, Oscar. La justificación constitucional de la desobediencia civil. (2003). Revista de estudios sociales Universidad de los Andes, (No 14). Recuperado desde http://res.uniandes.edu.co/view.php/290/index.php?id=290

Mejía; Quintana, Oscar. Seminario de Teoría Política Contemporánea [en línea]: video. FacDeryCienPol. Publicado el 08/04/2013. [fecha de consulta:05/10/2014]. Disponible en: www.youtube.com/watch?v=MjHeUs8LL3M

No hay comentarios:

Publicar un comentario